Archivo de la categoría: Jurisprudencia 1ra. Sala

Jurisprudencia 1a./J. 48/2016 (10a.)

Etiquetas:

Época: Décima Época
Registro: 2015091
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de septiembre de 2017 10:17 h
Materia(s): (Penal)
Tesis: 1a./J. 48/2017 (10a.)

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, SE ACTUALIZA CUANDO TRES O MÁS PERSONAS, INTEGRANTES DE UN GRUPO, PORTAN AL MENOS DOS ARMAS DE LAS COMPRENDIDAS EN LA FRACCIÓN III DEL REFERIDO PRECEPTO.

La fracción III del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dispone el tipo penal de portación sin permiso de las armas previstas en los incisos c), d), e), f), g), h), j), k) y l), del numeral 11 de esa ley, por lo que la sanción será de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa. Ahora bien, el último párrafo del artículo 83 en comento prevé la agravante consistente en que tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la referida fracción III, conforme a la cual la pena que corresponda imponer a cada uno de los sujetos activos se aumentará al doble. En ese tenor, si se parte de la literalidad del texto en el que se precisó la agravante de mérito, se puede advertir que la portación debe ser de las “armas”, es decir, conforme a tal redacción se dispuso que fueran más de una, ya que lo relevante es la existencia de tres o más personas, integrantes de un grupo, así como la disponibilidad o alcance que tengan sobre diversos artefactos bélicos. Además, no puede disgregarse el número de sujetos activos y la cantidad de armas que deben portar, sino que es necesario que se configuren tales elementos derivado de las razones que consideró el legislador para aumentar al doble la sanción, a saber, la severidad con que debe ser sancionada la capacidad de ataque de los integrantes de un grupo (tres o más personas), ya que si portan al menos dos armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, el peligro para la sociedad se eleva exponencialmente, en virtud del impacto masivo de las armas y su combinación con el número de sujetos activos que las portan. De allí que, la agravante del último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, requiere para su actualización que el grupo integrado por tres o más personas, lleven consigo dos o más armas de las antes referidas, derivado de que su capacidad de ataque se potencializa y pone en riesgo de manera considerable el bien jurídico que se pretende proteger.

Tesis de jurisprudencia 48/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete.

PRIMERA SALA

Contradicción de tesis 240/2016. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 17 de mayo de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, en cuanto al fondo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Suleiman Meraz Ortiz.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 307/2009 relacionado con el juicio de amparo directo 415/2009, sostuvo la tesis III.2o.P.232 P, de rubro: “PORTACIÓN DE ARMA, DELITO DE. LA APLICACIÓN DE LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, ATIENDE AL NÚMERO DE PARTÍCIPES Y NO AL DE ARMAS.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 2766, registro digital: 164725.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 16/2016 y el juicio de amparo directo 284/2015, relacionado con el juicio de amparo directo 285/2015, sostuvo que la agravante contenida en el último párrafo del artículo 83, en relación con el diverso 11, inciso c, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se actualiza ante la portación de pluralidad de armas por tres o más integrantes de un grupo, pues su finalidad primordial es la de sancionar con mayor severidad el hecho de que la seguridad pública sea amenazada en grado superior, siendo menester la existencia de más de un artefacto bélico.

Tesis de jurisprudencia 48/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de septiembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

 


Jurisprudencia 1a./J. 61/2015 (10a.)

Etiquetas:

Época: Décima Época
Registro: 2010799
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 1a./J. 61/2015 (10a.)

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES OFICIALES CUANDO PROMUEVEN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE PARTE OFENDIDA DEL DELITO.

La creación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, prevista en los artículos 107, fracción II, párrafo antepenúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada y 79, fracción III, inciso b), de la vigente, tuvo el propósito de liberar a los quejosos de la obligación de ser expertos en tecnicismos jurídicos, cuando estuvieran expuestos a perder su libertad o sus derechos patrimoniales: I) por desconocimiento de los rigorismos de la técnica del derecho; II) por no disponer de los medios económicos suficientes para un asesoramiento profesional eficiente; o, III) por tratarse de determinados sectores de la población en desventaja (ejidatarios, comuneros, indígenas, trabajadores, menores de edad, incapaces, acusados por la comisión de delitos o de los sujetos pasivos). Ello, bajo el principio de dar un tratamiento distinto en un asunto a quienes por alguna situación especial no se encuentran en condiciones de hacer valer correctamente sus derechos de aquellos que pueden ejercerlos plenamente, lo que justifica que el Estado acuda en su auxilio para que su defensa se ajuste a las exigencias legales y brindarles una mayor protección, convirtiendo al juicio de amparo en un instrumento más eficaz en el sistema jurídico. Sin embargo, las personas morales oficiales, aun cuando en la causa penal en la que intervienen como parte ofendida del delito, actúan en un plano de coordinación frente a los particulares, no pierden su naturaleza pública, al contar siempre con la estructura jurídica, material y económica para proveerse del asesoramiento profesional que les permite ejercer sus derechos con amplitud, lo que las aparta de alguno de los supuestos de vulnerabilidad indicados, por lo que sería un contrasentido que el Estado se autoaplique la figura referida para suplir sus deficiencias en la tramitación del juicio de amparo, pues ello produciría un desequilibrio procesal y desvirtuaría la teleología de esa institución, al generar una sobreprotección injustificada en detrimento de los derechos del inculpado. En consecuencia, la suplencia de la queja deficiente es improcedente tratándose de personas morales oficiales cuando promueven el juicio de amparo en su carácter de parte ofendida del delito y debe exigírseles el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos correspondientes para hacer valer sus derechos.

PRIMERA SALA

Contradicción de tesis 310/2014. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 24 de junio de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien manifestó su intención de formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien manifestó su intención de formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Carmina Cortés Rodríguez y Saúl Armando Patiño Lara.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver al amparo en revisión 271/2013, dio origen a la tesis aislada I.5o.P.2 K (10a.), de título y subtítulo: “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO RESULTA APLICABLE DICHA INSTITUCIÓN EN FAVOR DE LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA OSTENTA EL CARÁCTER DE PERSONA MORAL OFICIAL.”, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 1964, con número de registro digital: 2007281.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 190/2013, sostuvo que a las personas morales oficiales sí les asiste el beneficio de la suplencia de la queja deficiente, en virtud de la relación simbiótica que existe entre la persona física y la persona moral, pues al reconocerle ciertos derechos a esta última, de forma indirecta se protege al ser humano.

Tesis de jurisprudencia 61/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 846, se publica nuevamente con la corrección en el precedente, en donde se menciona el voto particular formulado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Esta tesis se republicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


Jurisprudencia 1a./J. 82/2015 (10a.)

Etiquetas:

Época: Décima Época
Registro: 2010800
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a./J. 82/2015 (10a.)

VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DEL CRÉDITO EL JUZGADOR, ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA, DEBE VERIFICAR, DE OFICIO, QUE EL DEUDOR HAYA SIDO NOTIFICADO FORMALMENTE DE LA CESIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL).

Los Códigos Civiles para el Estado de Sinaloa y para el Distrito Federal prevén que si en una cesión de derechos hipotecarios, el cedente deja de llevar la administración de los créditos del cesionario, aquél deberá notificar por escrito dicha cesión al deudor; condición que habrá de cumplir el cesionario antes de ejercer la acción hipotecaria (artículos 2926 y 2036 del Código Civil para el Distrito Federal, y 2807 y 1918 del Código Civil para el Estado de Sinaloa), por ser un requisito legal para la procedencia de esta vía especial. Lo anterior implica que previamente a la admisión de la demanda, el Juez debe analizar, de oficio, si se verificó esta formalidad que la ley permite cumplir en forma judicial o extrajudicial, supuesto este último en el que puede hacerse por conducto de notario o ante dos testigos. Sin embargo, la obligación del juzgador debe limitarse a verificar si se cumplió el requisito formal de la notificación en el modo que establece la ley, sin que deba exigirse a éste que verifique que la diligencia respectiva derivó, efectivamente, en el conocimiento fehaciente del deudor de que el crédito hipotecario fue cedido, pues esa postura iría más allá de lo previsto en los códigos referidos, que únicamente establecen como condición para que el cesionario pueda ejercer la vía hipotecaria que previamente le haya notificado, por escrito, al deudor la cesión. Así, el demandado que se considere afectado por una notificación ilegal podrá impugnarla, como excepción, aun cuando se haya realizado por conducto de un notario público, pues si bien es cierto que las actas y los testimonios que los fedatarios expiden en el ejercicio de sus funciones constituyen documentos que gozan de presunción de certeza de los actos que consignan, también lo es que esa presunción admite prueba en contrario, y su nulidad puede declararse judicialmente en un procedimiento en el que demuestre que los hechos que consignan no se apegan a la realidad.

PRIMERA SALA

Contradicción de tesis 233/2013. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 11 de noviembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Constanza Tort San Román.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 636/2010, del que derivó la tesis I.3o.C.958 C, de rubro: “NOTIFICACIÓN DE LA CESIÓN AL DEUDOR. ES UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA CUYO ANÁLISIS OFICIOSO ES LIMITADO A LA SATISFACCIÓN DEL REQUISITO FORMAL.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1227, registro digital: 162074.

El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 818/2012, determinó que tal como lo expuso la Sala Civil responsable, si bien es cierto que los demandados en su escrito de contestación no opusieron ninguna excepción enfocada a desvirtuar la eficacia de la diligencia relativa a la notificación de la cesión del crédito cuyo pago se reclama, resulta que, con ese proceder el Juez primigenio no vulnera el principio previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, ni diversa disposición legal, en virtud de que se encuentra facultado a examinar de oficio tal aspecto, cuando las condiciones y requisitos para la procedencia de la acción, tienen que ser analizados de esa forma, independientemente de que la parte reo se excepcione o no.

Tesis de jurisprudencia 82/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis publicada el viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 248, se publica nuevamente con la corrección en la cita del artículo 2807 del Código Civil para el Estado de Sinaloa.

Esta tesis se republicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


Jurisprudencia 1a./J. 3/2016 (10a.)

Etiquetas:

Época: Décima
Tipo: Jurisprudencia
Instancia: Primera Sala de la SCJN
Fuente: Contradicción de tesis
Materia:
Estado: Pendiente Publicación

Localizable: Semanario Judicial de la Federación

Aprobada en sesión de: 2 Diciembre 2015

COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ES CON DETENIDO, EL JUEZ DE DISTRITO QUE RECIBA LA CONSIGNACIÓN DEBE PRACTICAR LAS DILIGENCIAS QUE NO ADMITAN DEMORA, AUN CUANDO SE CONSIDERE INCOMPETENTE.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 2/2000, de rubro: “COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE RAZONARSE Y ACREDITARSE FUNDADAMENTE.”, determinó que si el Ministerio Público de la Federación estima necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante un juez de distrito diverso al del lugar en que se perpetró el hecho considerado como delictivo, está obligado a exponer los motivos y razonamientos lógicos que acrediten los supuestos en que finque su petición, debiendo aportar las pruebas conducentes para ello –salvo que se trate de delincuencia organizada, pues en este último caso, por disposición expresa del artículo 18 constitucional, será competente un juez de distrito que ejerza jurisdicción en donde se ubique un centro de máxima seguridad-, toda vez que la actualización de la competencia territorial excepcional referida no puede derivar de una potestad indiscriminada, arbitraria, o meramente subjetiva por el consignador. Así, cuando el ejercicio de la acción penal sea con detenido, al margen de que el juez de distrito que reciba la consignación pudiera considerarse legalmente incompetente para conocer del asunto por no actualizarse los extremos de la competencia excepcional o de que las razones alegadas por el representante social sean cuestionadas por la defensa, conforme al artículo 432 del Código Federal de Procedimientos Penales, aquél estará obligado a practicar las diligencias que no admitan demora –como son calificar de legal o no la restricción de libertad del imputado, así como resolver su situación jurídica–, sin que la simple radicación de la averiguación previa y la realización de actuaciones de carácter urgente supongan la aceptación tácita de la competencia territorial de excepción contenida en el artículo 10, párrafo tercero, del código citado.

Precedente:
Contradicción de tesis 321/2013. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 30 de septiembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera.

Tesis y/o criterios contendientes:
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 6/2013, sostuvo la tesis aislada II.3º.P. 20 P (10a.), de rubro: “COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI ÉSTA NO SE ACTUALIZÓ PORQUE SE OMITIÓ EXPONER LOS MOTIVOS, RAZONAMIENTOS LÓGICOS Y PRUEBAS QUE ACREDITARAN AL MENOS UNO DE SUS SUPUESTOS, EL JUZGADOR ANTE QUIEN SE CONSIGNÓ LA AVERIGUACIÓN PREVIA, PUEDE DECLINAR LA COMPETENCIA A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS ILÍCITOS.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1609, registro 2004167. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 102/2012; y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2013, resolvieron esencialmente que los jueces de distrito ante quienes ejercite acción penal la representación social federal, por estimar que se actualiza la competencia especial denominada territorial de excepción, contemplada en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, bajo ningún supuesto pueden declinar su competencia.

Nota:
La tesis jurisprudencial 1ª./J.2/2000 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 15, registro 192417.


Jurisprudencia 1a./J. 2/2016 (10a.)

Etiquetas:

Época: Décima
Tipo: Jurisprudencia
Instancia: Primera Sala de la SCJN
Fuente: Contradicción de tesis
Materia:
Estado: Pendiente Publicación

Localizable: Semanario Judicial de la Federación

Aprobada en sesión de: 2 Diciembre 2015

COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI LOS MOTIVOS QUE SIRVIERON PARA SU JUSTIFICACIÓN NO PERSISTEN O SE DESVIRTÚAN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DECLINARLA EN FAVOR DEL QUE CONSIDERE COMPETENTE.

Acorde con el derecho humano relativo a que la causa se tramite y resuelva por un “juez natural”, conforme al artículo 6º. del Código Federal de Procedimientos Penales, por regla general, quien debe conocer de ésta es el juez de distrito del lugar donde el hecho materia del proceso se cometió y no uno diverso –salvo las excepciones previstas por la ley–. Ahora bien, el artículo 10, párrafo cuarto, del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece que no procede la declinatoria, respecto de los supuestos previstos en el párrafo tercero del propio precepto –relativas a la competencia territorial por excepción–, sólo es aplicable cuando efectivamente aquéllos se actualicen y subsistan; de ahí que el juez de distrito puede declinar la competencia para conocer del asunto si los motivos que la justificaron no persisten o se desvirtúan, y debe remitir los autos al que estime legalmente competente, siendo inviable suponer que las razones aducidas por el Ministerio Público para que aquélla se actualice y los medios de convicción allegados para justificarlas, no puedan cuestionarse por la defensa, pues unas y otras deben estar sujetas al principio de contradicción; así, en caso de que se plantee la declinatoria referida, ésta deberá tramitarse conforme a las reglas contenidas en el Capítulo I de la Sección Segunda del Título Decimoprimero del Código Federal de Procedimientos Penales, relativo a la “Substanciación de las Competencias”.

Precedente:
Contradicción de tesis 321/2013. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 30 de septiembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera.

Tesis y/o criterios contendientes:
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 6/2013, sostuvo la tesis aislada II.3º.P. 20 P (10a.), de rubro: “COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI ÉSTA NO SE ACTUALIZÓ PORQUE SE OMITIÓ EXPONER LOS MOTIVOS, RAZONAMIENTOS LÓGICOS Y PRUEBAS QUE ACREDITARAN AL MENOS UNO DE SUS SUPUESTOS, EL JUZGADOR ANTE QUIEN SE CONSIGNÓ LA AVERIGUACIÓN PREVIA, PUEDE DECLINAR LA COMPETENCIA A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS ILÍCITOS.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1609, registro 2004167. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 102/2012; y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2013, resolvieron esencialmente que los jueces de distrito ante quienes ejercite acción penal la representación social federal, por estimar que se actualiza la competencia especial denominada territorial de excepción, contemplada en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, bajo ningún supuesto pueden declinar su competencia.


Categorías

Encuesta

¿Te gusta este sitio?

View Results

Cargando ... Cargando ...