Tesis Aislada TCC XI.1o.C.26 C (10a.)

Tesis Aislada TCC XI.1o.C.26 C (10a.)

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Category : Tesis Aislada TCC

Época: Décima Época
Registro: 2010895
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: XI.1o.C.26 C (10a.)

ALIMENTOS PROVISIONALES. ATENTO AL PRINCIPIO PRO PERSONA, EL TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE SOBRE AUMENTO O REDUCCIÓN DE SU MONTO, ES EL DE SEIS DÍAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 692 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN.

De conformidad con los artículos 943, 944, 947, 961, 962 y 966 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, los procedimientos de jurisdicción voluntaria no son de carácter contencioso, y se deciden con la resolución que el Juez pronuncie sobre el acto, tema o asunto respecto del cual se solicitó su intervención. Tratándose de la fijación de alimentos provisionales concluye con la resolución que los niegue o la que los decreta a cargo del deudor alimentario, quien carece de facultades para impugnarla, pero atento a la variación de las condiciones que rigieron para su declaración, podrá solicitar su reducción o cesación en la vía incidental, la cual tendrá el carácter de contencioso conforme al artículo 942, en relación con los numerales del 935 al 941 del Código Familiar en cita, por lo que se erige en un procedimiento diverso de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre fijación de alimentos provisionales. Por tanto, el referido incidente, aun cuando guarda relación inmediata y directa con las diligencias, no debe considerarse tramitado dentro de éstas, por consiguiente, para impugnar mediante el recurso de apelación la interlocutoria que resuelve el incidente de aumento o reducción del monto de los alimentos provisionales no es aplicable el término de tres días a que alude el artículo 950 del invocado código, sino el de seis días que prevé el numeral 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por disposición del precepto 927 del referido Código Familiar. Tal interpretación se hace en atención al principio “pro persona”, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual, la intelección de todas las normas jurídicas obliga a maximizar su alcance a fin de lograr la efectividad de los derechos fundamentales de las personas de la manera que más les favorezca, en el caso, el de acceso a la administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 constitucional, en virtud de que el precepto 692 mencionado representa mayor razonabilidad y proporcionalidad a las características del procedimiento incidental.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 399/2014. Jesús Vallejo Reyes. 4 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo. Secretario: Luis Ángel Hernández Hernández.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


Tesis Aislada TCC VII.2o.C.30 K (10a.)

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Época: Décima Época
Registro: 2010896
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h
Materia(s): (Común)
Tesis: VII.2o.C.30 K (10a.)

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO CUANDO EN LA INICIAL SE RECLAMÓ TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO.

Cuando el quejoso acude al juicio de amparo indirecto en términos de la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, alegando violación al derecho de audiencia, porque siendo parte de la relación jurídica procesal no fue emplazado o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que la doctrina jurisprudencial define como tercero extraño por equiparación, no es indispensable que señale específicamente la diligencia de emplazamiento, ya sea por inexistente o por ilegal, ya que ello está implícito en el acto reclamado, que consiste en todo el procedimiento, por ende, es innecesario ampliar la demanda de amparo contra dicha diligencia, cuando en el informe justificado de la autoridad responsable se anexa. Sin embargo, no puede dejarse de estudiar para resolver el fondo del asunto, pues en dicho acto radica la violación al derecho de audiencia, esto es, si el emplazamiento existió y es legal, el juicio donde el quejoso se ostenta como tercero extraño no es violatorio de derechos fundamentales, pero si no existió o es ilegal entonces sí. En ese orden de ideas, el quejoso no tiene por qué ampliar su demanda contra el emplazamiento, pero sí puede ofrecer las pruebas para desvirtuarlo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 110/2015. Graciela Sandoval Montiel y otro. 29 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Griselda Sujey Liévanos Ruiz.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


Tesis Aislada TCC VI.1o.A.92 A (10a.)

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Época: Décima Época
Registro: 2010897
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: VI.1o.A.92 A (10a.)

BOLETAS DE INFRACCIÓN EMITIDAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. LOS POLICÍAS VIALES DEBEN ASENTAR EN ÉSTAS LOS DATOS RELATIVOS A SU IDENTIFICACIÓN.

En el numeral referido se prevé el procedimiento que los policías viales deben seguir cuando un conductor cometa una infracción, estableciéndose en las fracciones II y V que deberán identificarse mediante credencial oficial con su nombre que los acredite con la calidad con que se ostentan y llenar la boleta de infracción, de la cual extenderán una copia al interesado. Por lo tanto, a fin de cumplir con los requisitos mínimos que garanticen la seguridad jurídica y legalidad de las actuaciones que lleva a cabo la autoridad, es indispensable que en la boleta de infracción se asienten con toda claridad y precisión los datos relativos a la identificación del policía vial, sin que obste que en el precepto no se establezca expresamente dicha obligación, puesto que debe inferirse que en la boleta deben especificarse tales aspectos, ya que de otra forma no existiría certeza de que efectivamente el policía vial actuó de conformidad con el procedimiento que establece.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 438/2015. 11 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


Tesis Aislada TCC VII.2o.T.6 K (10a.)

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Época: Décima Época
Registro: 2010898
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h
Materia(s): (Común)
Tesis: VII.2o.T.6 K (10a.)

COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, en sesión pública de 28 de mayo de 2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: “AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).”, al interpretar la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En ese contexto, se concluye que al no proceder el amparo contra el primer auto o resolución declinatoria de competencia, su legalidad puede ser motivo de inconformidad y de examen constitucional en el juicio de amparo promovido contra el auto de aceptación de dicha competencia, esto, porque la declinatoria constituye el origen de aquella determinación de competencia y, por ende, constituye un solo acto jurídico; de estimar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, quien no podría impugnar por vicios propios ese primer acto mediante algún recurso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 203/2015. Rutilio Espinoza Bernabé. 9 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Lucía del Socorro Huerdo Alvarado, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Eduardo Alonso Ruiz Guerrero.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


Tesis Aislada TCC XVII.1o.C.T.16 C (10a.)

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Época: Décima Época
Registro: 2010899
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XVII.1o.C.T.16 C (10a.)

DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO LA PARTE DEMANDADA SEA MAYOR DE EDAD, ACORDE CON EL DIVERSO 20 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la ley protegerá la organización y desarrollo de la familia; por su parte, la fracción II del numeral 79 de la Ley de Amparo prevé la suplencia de la deficiencia de la queja cuando se afecte el orden y desarrollo de la familia; y el diverso 20 del Código Civil del Estado de Chihuahua describe a la familia como una institución social que permite y fomenta la convivencia de sus miembros a través de la permanencia y estabilidad de las relaciones de las personas que la integran en razón del matrimonio, concubinato o parentesco, por lo que el Estado debe garantizar su protección, constitución y autoridad como fundamento primordial de la sociedad. En ese contexto, si la acción de desconocimiento de paternidad, tiene como efecto el desmembramiento de esa institución social, al desconocer el vínculo filial de uno de sus integrantes, evidentemente tendrá un efecto jurídico y social en su integración o composición, impactando no sólo en contra de quien se ejerce esa acción, sino también en esa institución base del orden social, generando así una mutación en su estructura y desarrollo; justificándose así, en todos esos casos, la suplencia de la queja prevista en la última hipótesis de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, con independencia de la mayoría o minoría de edad de la persona demandada e, incluso, que los padres hayan disuelto el vínculo matrimonial desde tiempo anterior, pues en la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 991, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó el alcance del mandato constitucional de protección a la familia, señalando que el citado artículo 4o. no alude a un modelo de familia ideal o nuclear que tradicionalmente ha sido vinculado al matrimonio: padre, madre e hijos biológicos, sino que la tutela a la familia debe ser entendida como “realidad social”, lo que significa que esa protección debe cubrir todas las formas y manifestaciones existentes en la sociedad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 505/2015. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Torres García. Secretario: Javier Antonio Mena Quintana.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


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