Tesis Aislada TCC I.9o.C.28 C (10a.)

Tesis Aislada TCC I.9o.C.28 C (10a.)

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Categoría: Tesis Aislada TCC

Época: Décima Época
Registro: 2010900
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: I.9o.C.28 C (10a.)

EMBARGO EN BIENES DEL SOCIO COMO MEDIDA PRECAUTORIA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN SU CONTRA EN EL AUTO ADMISORIO DE DEMANDA ENTABLADA POR OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD (INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES).

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 59/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 472, de rubro: “SOCIEDADES MERCANTILES. EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE A TODAS ELLAS, INCLUSIVE A LA ANÓNIMA, POR LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS ACCIONISTAS HASTA EL MONTO DE SUS APORTACIONES.”, estableció que cuando una sociedad adquiere obligaciones de carácter pecuniario frente a terceros, es ésta quien inicialmente debe responder de esas obligaciones y que, no obstante, si los bienes de la sociedad resultan insuficientes para ello, el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, autoriza vincular a los socios al cumplimiento de las mismas, bajo la condición de que éstos hayan sido demandados junto con la sociedad. Ahora bien, la hipótesis contenida en el citado artículo, se actualiza una vez que concurran las circunstancias siguientes: que a) se emita sentencia condenatoria y ésta adquiera la calidad de cosa juzgada, en relación con un juicio en que sean demandados tanto la sociedad, como los socios; b) en la fase de ejecución, se realicen las gestiones conducentes a efecto de que la sociedad demandada cumpla a lo que fue condenada; y, c) sólo en caso de que carezca de bienes, o bien, éstos sean insuficientes, entonces, se ejecutará la sentencia condenatoria con relación a los bienes de los socios. Bajo esa óptica, si bien procede la admisión de la demanda en el juicio ejecutivo mercantil respecto de quien se le atribuyó la calidad de socio de la empresa demandada, será hasta que concurran todos esos requisitos cuando nazca su obligación para responder por las prestaciones reclamadas. En tal virtud, el embargo establecido como medida precautoria en el auto admisorio, sólo es válido contra la sociedad como persona moral y no así en bienes del quejoso, a quien se atribuyó la calidad de socio, ya que será necesario que para que haya un embargo en sus bienes, exista una sentencia de condena y que, en ejecución de ésta, esa condena no sea cubierta por la sociedad, para poder iniciar la ejecución en contra del socio.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 191/2015. José Rafael de Regil y Gómez Muriel. 23 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Polo Rosas Baqueiro. Secretaria: Isabel Rosas Oceguera.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


Tesis Aislada TCC VII.2o.T.23 L (10a.)

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Categoría: Tesis Aislada TCC

Época: Décima Época
Registro: 2010901
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: VII.2o.T.23 L (10a.)

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU APERTURA NO SÓLO PARA DETERMINAR LAS CONDENAS DE CARÁCTER ECONÓMICO, SINO TAMBIÉN PARA RECABAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (CASO EN EL QUE SE DESCONOCE EL ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL QUE DEBE ESTAR INSCRITO EL TRABAJADOR EN EL ESTADO DE VERACRUZ).

Cuando el tribunal burocrático del Estado de Veracruz condena a la entidad pública demandada a inscribir al actor en forma retroactiva ante el organismo de seguridad social con quien tenga celebrado el convenio a que se refiere el artículo 30, fracción IV, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, con la finalidad de satisfacer las prestaciones de seguridad social reclamadas, así como cuantificar y direccionar el pago de las cuotas correspondientes, pero en autos no obre dicho convenio, a pesar de ser carga probatoria del patrón, y se desconozca con qué instituto de salud debe estar asegurado el trabajador; es legal que esa autoridad jurisdiccional determine que la localización del documento de mérito y, por ende, la denominación del organismo de seguridad social correspondiente (llámese IMSS, ISSSTE o algún otro), se reserven para el incidente de liquidación, en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, ello, al margen de que dicho incidente únicamente procede, por excepción, cuando al resolver la controversia se carece de bases para cuantificar las condenas en cantidad líquida, esto es, para prestaciones económicas y no otras de distinta naturaleza. Sin embargo, también procede aperturar este incidente para allegarse de la documentación relacionada con el convenio que se traduce en una prestación de seguridad social, pues incide en hacer operante y ejecutable eficazmente el laudo, ya que es el único instrumento procesal válido con el que cuentan los tribunales laborales para cumplimentar sus fallos cuando no poseen elementos suficientes para hacer efectiva y completa la cosa juzgada. De ahí que la decisión de abrir el incidente de liquidación para recabar los convenios que otorgan a los empleados los servicios de seguridad social, si bien no tiene la implicación directa de ser una prestación de tipo económica, procede decretar en el laudo su despacho con el propósito de identificar al organismo de seguridad social ante quien deberá inscribirse al trabajador y que le brindará la atención médica y social requerida, lo cual tiene como función hacer patente y eficaz el derecho establecido en el fallo, a fin de que la condena no quede vacía de contenido y operatividad, en aras de la completa administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 340/2015. María Guadalupe Torres Zamora. 24 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Jorge Toss Capistrán. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez.

Amparo directo 222/2015. Jonathan Iván Navarro Landa. 1 de octubre de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Jorge Toss Capistrán. Ponente: Lucía del Socorro Huerdo Alvarado, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Eduardo Alonso Ruiz Guerrero.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


Tesis Aislada TCC VII.2o.T.21 L (10a.)

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Categoría: Tesis Aislada TCC

Época: Décima Época
Registro: 2010902
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: VII.2o.T.21 L (10a.)

INDEMNIZACIÓN GLOBAL. SU OTORGAMIENTO EXCLUYE EL DE LA PENSIÓN DE VIUDEZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

De los artículos 16, 17, 18, 19, 32, 51 y 60 de la Ley Número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz, abrogada, se obtiene que las aportaciones al Instituto de Pensiones Local provienen de dos fuentes: a) del trabajador; y, b) del organismo o dependencia en donde aquél labora; dichas aportaciones, en su conjunto, constituyen el soporte financiero del régimen de pensiones de la entidad, cuyo destino es el cumplimiento de sus programas de seguridad social; que la indemnización global a que alude el referido artículo 60, se otorga a aquellos derechohabientes de trabajadores que no reunieron los requisitos de años de servicio (30 años) y tampoco la edad (60 años), para en su caso dar nacimiento al derecho de percibir una pensión diversa, como puede ser la de viudez. En esa medida, la devolución de las aportaciones efectuadas por el trabajador impide que dicho instituto cuente con los recursos suficientes para el otorgamiento de una pensión posterior, como puede ser por jubilación o viudez. Luego, aun cuando no exista precepto que expresamente establezca que el otorgamiento de la indemnización global excluye el de la pensión de viudez, la ratio legis del aludido artículo 60 no deja lugar a dudas, en cuanto a que fue voluntad del legislador prever una ayuda para el trabajador o su derechohabiente, cuando los años de servicio no eran lo bastante para alcanzar algún otro beneficio de seguridad social. No entenderlo así, sería propiciar sin fundamento un “doble pago”, en favor del solicitante, con el riesgo de colapsar el sistema financiero del citado instituto, en perjuicio de otros beneficiarios, que tienen acceso a uno u otro beneficios, pero no a los dos al mismo tiempo, al excluirse entre sí.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 267/2015. Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 17 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Arturo Navarro Plata.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


Tesis Aislada TCC XVII.1o.C.T.33 K (10a.)

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Categoría: Tesis Aislada TCC

Época: Décima Época
Registro: 2010903
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XVII.1o.C.T.33 K (10a.)

INFONAVIT. LOS AUXILIARES JURÍDICOS DE SUS DELEGACIONES REGIONALES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE AQUEL INSTITUTO COMPARECIÓ COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU CARÁCTER DE ORGANISMO FISCAL AUTÓNOMO.

De conformidad con el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Por su parte, los ordenamientos que determinan las facultades de los funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esa materia, son: a) la ley del referido instituto (artículo 23); b) su reglamento interior en materia de facultades como organismo fiscal autónomo (artículos 3o., 4o., 6 y 18); y, c) el reglamento de las delegaciones regionales de dicho organismo (artículos 7 y 11), con base en los cuales, en las delegaciones regionales de dicho instituto, quienes tendrán la facultad de representarlo legalmente en su carácter de organismo fiscal autónomo ante los órganos jurisdiccionales, son los delegados regionales (el representante de la dirección general cuando no exista delegado), así como los gerentes de recaudación fiscal en dichas delegaciones. En este sentido, de conformidad con el referido artículo 18, los gerentes del área jurídica en las delegaciones regionales ejercerán, entre otras facultades, la contenida en la fracción XXVII del artículo 3o. de dicho ordenamiento, consistente en interponer los recursos que procedan y actuar en los juicios de amparo en los que el Infonavit tenga el carácter de autoridad responsable o tercero interesado. Por tanto, del aludido marco normativo se advierte que los auxiliares jurídicos de las delegaciones regionales carecen de legitimación procesal activa para interponer el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en los juicios de amparo en los que el instituto comparezca como autoridad responsable en su carácter de organismo fiscal autónomo, en virtud de que es a los delegados regionales (representante de la dirección general, en su caso), gerentes de recaudación fiscal, en dichas delegaciones, así como a los gerentes del área jurídica, a quienes corresponde dicha legitimación para interponer el recurso mencionado, y sin que de las referidas disposiciones se advierta la “suplencia por ausencia”, pues de haberse establecido, ésta se ejercería sucesivamente conforme a un estricto orden jerárquico de funcionarios; y, asimismo, tampoco cabe su representación a través de un poder o mandato, al actuar dicho organismo en su carácter de autoridad en ejercicio del poder público.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 93/2015. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 8 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretario: Ismael Romero Sagarnaga.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


Tesis Aislada TCC XXVII.3o.89 K (10a.)

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Categoría: Tesis Aislada TCC

Época: Décima Época
Registro: 2010904
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XXVII.3o.89 K (10a.)

INFORME JUSTIFICADO. DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA SU RENDICIÓN, DEBEN DESCONTARSE TANTO LOS DÍAS INHÁBILES QUE FIJAN LA LEY DE AMPARO Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN EL ACUERDO GENERAL CORRESPONDIENTE, COMO LOS QUE DISPONGA LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, INCLUYENDO CUALQUIER OTRO DÍA EN QUE ASÍ SE HAYA DECLARADO.

De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para que la autoridad rinda su informe justificado es de quince días, el cual quedó referido a días hábiles, dado que sólo en éstos puede actuarse en el juicio de amparo, como lo establecen los artículos 19 de dicha ley y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, las excepciones a los días hábiles que fijan los artículos citados en último término, atienden a que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo no podrá actuar en los días en los que no labore, que son los sábados y domingos, así como las diversas fechas conmemorativas y los casos de suspensión de labores y fuerza mayor. Sin embargo, tratándose de las autoridades responsables, surge una cuestión que debe tomarse en cuenta para la sustanciación del juicio constitucional, toda vez que éstas, a diferencia de los particulares, de acuerdo con el principio de legalidad, sólo pueden hacer lo que la ley les faculta; por lo que también debe considerarse que una autoridad que se rige por sus propias leyes, sólo podrá actuar en los términos que el legislador le haya facultado. Por tanto, la autoridad responsable que debe cumplir con cargas y deberes procesales dentro del juicio de amparo, como lo es la rendición del informe justificado, sólo podrá llevar a cabo sus actuaciones en los días que su propia normatividad se lo permita, ya que están facultadas para establecer, de acuerdo a sus necesidades, qué días deben estimarse hábiles y cuáles no. De ahí que del plazo que le sea fijado para la rendición del informe mencionado, deben descontarse tanto los días inhábiles que fijan la ley de la materia y el acuerdo general referido, como los que disponga la legislación que las rija, incluyendo cualquier otro día en que así se haya declarado. A lo anterior, se adiciona que, en concordancia con el principio de igualdad de armas, el acontecimiento de un día inhábil debe favorecer no sólo a los particulares, sino también a las autoridades responsables, en la medida en que ambos cuentan con cargas procesales establecidas para integrar debidamente la litis constitucional y que con ello pueda resolverse correctamente la controversia planteada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 234/2015. Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. 7 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Roberto César Morales Corona.

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales citado, aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


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