Tesis Aislada TCC I.3o.C.217 C (10a.)

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Categoría: Tesis Aislada TCC

Época: Décima Época
Registro: 2010760
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de enero de 2016 10:10 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: I.3o.C.217 C (10a.)

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL ACUERDO QUE FIJA O MODIFICA LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AL NO TENERSE COMO ACTO DE AUTORIDAD, PUEDE SER IMPUGNADO A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO.

La relación contractual entablada entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios del servicio público de energía eléctrica es de coordinación, porque ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocas. Es decir, no se trata de una relación de supra a subordinación en donde el organismo suministrador tenga el carácter de autoridad, según se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 112/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 364, de rubro: “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.”. Ahora, uno de los elementos integrantes del contrato de suministro es el precio. En el caso, la tarifa por el suministro de energía eléctrica es fijada o modificada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de acuerdos periódicos. Pues bien, en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), difundida en el citado medio, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 929, de rubro: “AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.”, se determinó que los Jueces de Distrito no deben desechar las demandas de amparo en donde los quejosos reclamen dichos acuerdos (tarifas), por no ser notoria la improcedencia del juicio constitucional. De ello se sigue que dicha jurisprudencia no concluyó que el acuerdo de fijación o modificación de tarifas fuera un acto de autoridad, tan es así que el Máximo Tribunal señaló que los Jueces de Distrito deben realizar un análisis exhaustivo de los elementos materiales y jurídicos para poder establecer si el acto es de autoridad o no. Ese mismo estudio debe efectuarse cuando el usuario ejerce la acción de pago de lo indebido contra la Comisión Federal de Electricidad, en la vía ordinaria mercantil, por considerar que dicho organismo aplicó una tarifa ilegal. Esto, porque si el acuerdo (tarifa) se tuviere como un acto de autoridad, su legalidad no podría analizarse en un juicio ordinario mercantil, porque en éste la controversia versa sobre los derechos y obligaciones asumidas por las partes en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad. Pues bien, este tribunal considera que para resolver dicho problema jurídico es indispensable determinar si el acuerdo (que define el precio) puede desvincularse del contrato de suministro de energía eléctrica (celebrado bajo una relación de coordinación). Para ello, debe tenerse en cuenta que el Estado tiene la facultad de fijar las contraprestaciones por el servicio público de energía eléctrica, la que tiene como origen su potestad como prestador directo del mismo a través de su administración paraestatal, cuestión que hace que la tarifa de energía eléctrica “sea un acto administrativo susceptible de ser modificada según las necesidades del servicio”, en términos de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. X/2011, publicada en el mencionado Semanario, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 630, de rubro: “TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SU NATURALEZA JURÍDICA.”. Como puede verse, la tarifa fue calificada como un “acto administrativo”, porque deriva de la potestad que tiene el Estado como prestador directo del servicio. No obstante, en la ejecutoria de la cual derivó el mencionado criterio, fue aplicada la tesis plenaria LXX/89, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 89, de rubro: “ENERGÍA ELÉCTRICA. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA NO ES APLICABLE EN LA FIJACIÓN DE TARIFAS PARA EL SUMINISTRO Y VENTA DEL SERVICIO.”, según la cual, el acuerdo donde se fijan las tarifas es un acto interno de un organismo por el que se establecen las bases conforme a las que se determinará uno de los elementos del contrato de suministro de energía eléctrica. Luego, debe entenderse que el acuerdo (tarifa) es un “acto de la administración”, sin que ello constituya un acto de autoridad, porque sólo tienen ese carácter aquellos que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación, según fue determinado en la citada jurisprudencia 2a./J. 112/2010, incluso, en la diversa 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: “AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.”, se estableció que una de las características esenciales del acto de autoridad consiste en que exista un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, no debe perderse de vista que el acuerdo de mérito, al fijar o modificar la tarifa de energía eléctrica, define uno de los elementos esenciales del contrato: “el precio”. Luego, si aceptamos que el referido contrato se celebra bajo una relación de coordinación, no podríamos sostener que el precio es fijado a través de un “acto de autoridad”, si fuera así estaríamos en presencia de una relación de supra a subordinación (rasgo fundamental del acto de autoridad). Entonces, la naturaleza del acuerdo que fija o modifica las tarifas de energía eléctrica no puede desvincularse de la naturaleza del contrato, porque el primero define uno de los elementos esenciales del segundo, además, no surte efectos por sí solo, ya que su eficacia depende de la existencia de un contrato celebrado por el propio Estado con un particular en un plano de coordinación, donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocas. Ahora bien, si el acuerdo en comento define uno de los elementos del contrato (el precio), entonces, forma parte integrante de éste, es decir, queda inserto en el contrato (como una cláusula del mismo) y únicamente dota de contenido a los elementos que las partes aceptaron como integrantes del precio, ante lo cual, surge la posibilidad de que el usuario cuestione la validez de esa cláusula (precio) en el juicio ordinario mercantil. Además, si se llegara a sostener que el acuerdo que fija la tarifa es un acto de autoridad susceptible de ser reclamado en amparo indirecto, el usuario quedaría sometido a un doble régimen, esto porque, por un lado, tendría que promover el amparo indirecto para reclamar lo relativo a la fijación de la tarifa (precio) y, por el otro, tendría que acudir a la vía ordinaria para controvertir los demás aspectos vinculados al contrato. Lo anterior resultaría incongruente con la relación de coordinación entablada con el Estado, ello porque el amparo contra normas generales tiene como regla de procedencia que el juicio constitucional se inste contra el primer acto de aplicación de la ley, según se desprende del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. No obstante, si la relación contractual establecida entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario, es de coordinación, lo relativo al cumplimiento de dicho contrato debe verificarse conforme a las reglas del derecho privado. El ejercicio de la acción de pago de lo indebido no se encuentra condicionado por el primer acto de aplicación de la tarifa; en realidad, a través del juicio ordinario mercantil, el usuario quedará en posibilidad de demandar la incorrección o ilegalidad de la tarifa (al ser parte integrante del contrato) en cualquier momento, mientras no haya prescrito la acción correspondiente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 387/2013. Zapata Hermanos Sucesores, S.A. de C.V. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


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