La Primera Sala de la Corte determinó que los jueces en el sistema penal mixto, tienen la facultad legal para recabar de oficio, el registro de los antecedentes penales del inculpado.

Lo cual no se estima violatorio del principio de imparcialidad, ni de igualdad procesal, ya que es criterio de la Suprema Corte que tales datos no pueden ser considerados dentro del proceso para acreditar la existencia del delito, ni la responsabilidad del inculpado.

Al resolver la contradicción de tesis 206/2015, la Primera Sala precisó que solamente constituyen aspectos inherentes a la persona, los cuales serán tomados en cuenta al momento de individualizar la pena.

Al Ministerio Público le corresponde la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, para lo cual deberá acreditar la existencia del ilícito y la probable responsabilidad del imputado.

Al juez le concierne la imposición de penas, una vez que se han acreditado los aspectos anteriores.